26/06/2020
Nos encontramos en medio de una crisis sanitaria y económica producto del COVID-19, donde el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y el sector privado, vienen realizando denodados esfuerzos para salir paulatinamente de esta crisis económico-sanitaria, buscando garantizar la salud de los ciudadanos, mantener vigente el empleo y la viabilidad de las empresas, todo ello dentro de nuevas condiciones sanitarias.
Queremos felicitar al Congreso de la República por haber reaccionado rápidamente al inicio de esta pandemia, facultando al Poder Efectivo a emitir las normas que sean necesarias para reactivar la economía a través de la Ley 31011; Ley que facultó al Ejecutivo a legislar en diversas materias para la atención de la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.
Para acompañar dichos esfuerzos y lograr la tan ansiada reactivación económica, también es necesario trabajar sobre todos aquellos aspectos que resten competitividad al país, afecten la productividad de las empresas y perjudiquen las exportaciones peruanas, e incrementen innecesariamente los precios de los productos que son adquiridos por la población.
Lamentablemente, grupos económicos acotados vienen cuestionando a nivel de la Comisión de Constitución la viabilidad del Decreto Legislativo 1492, argumentando deficiencias de forma para declarar “inconstitucional” la citada norma, lo cual llevaría a que se perpetúe la poca transparencia y predictibilidad que existe hasta el día de hoy en la forma cómo se cobran los servicios de transporte internacional de carga, restando competitividad, encareciendo los productos para los ciudadanos, mermando grandemente el potencial que tienen nuestras exportaciones, y contraviniendo por ende los objetivos de la delegación de facultades para garantizar una correcta reactivación económica.
Estas ineficiencias y sobrecostos innecesarios aplicados por los citados grupos económicos han sido evidenciados por el Banco Mundial, el cual ha demostrado que en desempeño logístico (competencia y servicios logísticos), el Perú cayó 14 posiciones desde el año 2016, ocupando hoy el numero 83 nivel mundial, y con tendencia a empeorar año a año, quedando por detrás de competidores como Chile, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Argentina, entre otros. De igual manera, el Banco Mundial ha evidenciado que el Perú es uno de los países con mayores sobrecostos logísticos en la región (bordeando el 35%), dejando en claro que muchos de ellos pueden ser evitables haciendo los ajustes correspondientes en la legislación de acuerdo a las prácticas y costumbres de países más competitivos. Esto es justamente lo que busca hacer el Decreto Legislativo 1492.
Por lo anteriormente expuesto, la CCL hace un llamado al Congreso de la República, para ratificar la viabilidad del Decreto Legislativo 1492, plenamente amparado en las facultades delegadas antes señaladas, y así ratificar su compromiso con uno de los objetivos primigenios y más importantes de dicha delegación: La reactivación económica del país, dentro de las nuevas reglas de convivencia.